La intervención de los Mossos d'Esquadra del pasado viernes en la plaza de Catalunya de Barcelona ha desembocado en al menos una quincena de denuncias en el juzgado, pero correrán la misma suerte que históricamente lo han hecho las causas abiertas por actuaciones policiales y previsiblemente serán archivadas, según han apuntado fuentes judiciales consultadas.
De hecho, de las denuncias que el pasado sábado se presentaron ante el juzgado de instrucción número 8 de Barcelona, que estaba de guardia, la juez sólo ha acordado tramitar, y como falta, media docena que iban acompañadas de partes de lesiones.
El resto de las denuncias, interpuestas por personas no lesionadas en las cargas que pedían una investigación sobre la actuación policial y la devolución de las pertenencias requisadas en la plaza, han sido archivadas provisionalmente por la juez al no existir perjudicados directos, han informado fuentes judiciales.
Las pocas causas que seguirán adelante por las lesiones causadas por los Mossos d'Esquadra, coinciden las fuentes consultadas, acabarán siendo archivadas con toda probabilidad por falta de autor conocido, dado que en derecho penal las causas sólo pueden prosperar contra personas físicas y no contra instituciones o entes jurídicos.
Además, según las mismas fuentes, las agresiones de las fuerzas de seguridad deben ser investigadas en el ámbito judicial de forma aislada, lo que diluye las responsabilidades en la planificación de la intervención policial, que finalmente acaba siendo cuestionada sólo en el terreno político.
De hecho, las decenas de denuncias presentadas por los estudiantes afectados por las cargas durante las manifestaciones anti-Bolonia de marzo de 2009 acabaron siendo archivadas por ese mismo motivo, igual que en la mayoría de movilizaciones que acaban en violencia policial.
En el mejor de los casos, los jueces instructores ordenan a la policía facilitar la identidad de los agentes que integran el dispositivo antidisturbios, pero el gran número de policías que suelen componer ese tipo de despliegues -350 en el caso del pasado viernes- impide llegar a mayores concreciones.
Fue durante la etapa del gobierno tripartito cuando se aprobó, el 4 de noviembre de 2008, un decreto del gobierno catalán que obligaba por primera vez a todos los agentes de los Mossos d'Esquadra, a excepción de los que visten de gala, a llevar su número de identificación profesional (TIP) en un lugar visible de su uniforme.
Esta medida, que entró en vigor el 12 de mayo de 2008 y que respondía a una demanda histórica de las plataformas sociales en defensa de los derechos humanos, fue adoptada con el objetivo de "profundizar en la voluntad de facilitar a los ciudadanos el ejercicio del derecho a poder identificar en todo momento a los policías".
No obstante, esta medida nunca ha tenido efectos reales en las unidades antidisturbios -ni antes con el conseller Joan Saura ni ahora con Felip Puig-, porque los agentes de la brigada móvil sí que llevan su identificación, pero ésta queda tapada por los chalecos protectores.
De hecho, Saura estuvo más de dos años buscando fórmulas -se barajó por ejemplo instalar un velcro en los chalecos- aunque finalmente abandonó el cargo sabiendo que el decreto que había impulsado dos años antes seguía sin cumplirse.
El propio conseller Puig, al ser preguntado por la falta de identificación de los agentes -que también está investigando el Síndic de Greuges-, afirmó el pasado viernes que los agentes sí que iban identificados pero que su TIP no era visible porque quedaba tapado por el chaleco.
